El papel de la Unión Europea

En la Unión Europea viven alrededor de un millón de refugiados reconocidos. Representan el 7 % del total mundial y equivalen al 0,2 % de la población de los 28 países. 

Pero en un escenario en que el número de personas desplazadas de manera forzada sigue creciendo cada día en el mundo, durante el 2017 solo solicitaron protección internacional a los países que integran la Unión Europea la mitad de personas respecto del año anterior. Eso se explica porque, al reforzar los controles y trasladar la gestión de fronteras a los países vecinos, se ha dejado a una gran parte de estas personas atrapadas en los países de origen y de tránsito.

Las cifras de asilo en España el 2017

31.120 nuevas
solicitudes

13.345 decisiones
adoptadas

4.670 personas
protegidas

65% peticiones
rechazadas

42.025 personas
esperando respuesta*

Fuente: Eurostat

  • * Total acumulado en febrero de 2018.

El Estado español acoge a muy pocos refugiados si se compara con otros países de la Unión Europea, teniendo en cuenta que es uno de los cuatro países más grandes. De hecho, nunca ha sido generoso en la protección de personas necesitadas de refugio, y estas no lo han elegido como un lugar de destino preferido.

De todos modos, mientras que las peticiones de asilo en la UE cayeron un 50 % en el 2017, principalmente por la caída del número de personas solicitantes en Alemania a causa del endurecimiento de las políticas de asilo y de los controles de entrada en el país, España, en cambio, registró el doble que el año anterior, casi el 5 % del total en la UE. 

Se trata de la cifra más elevada nunca alcanzada en un año e, incluso, se aproxima a la suma de todas las registradas entre el 2007 y el 2014. Por primera vez, España ocupó el sexto puesto en la clasificación de países en número de solicitantes en la Unión Europea, por delante de naciones con un arraigado compromiso con la protección de las personas refugiadas como Suecia, que recibió 26.325. Al frente se encuentra Alemania, en primera posición, seguida de Italia, Francia, Grecia y el Reino Unido. Solo en estos seis primeros países se presentaron el 81 % del total de solicitudes de la Unión Europea.

Los venezolanos (10.325 o el 34 % del total), sirios (4.150 o el 14 %) y colombianos (2.410, equivalentes al 8 % del total) representan las principales nacionalidades que reclamaron asilo en España.

La nota negativa es que el 65 % de las solicitudes fueron denegadas. De este modo, España se situó, con un 35 % de reconocimiento, por debajo de la media de la UE (46 %) y, sobre todo, de sus propios índices de reconocimiento del 2016 (67 %).

Y con respecto a las resoluciones favorables, solo el 13 % consiguieron el estatus de refugiado, principalmente personas originarias de Eritrea, Palestina y Marruecos (en el caso de este país, personas que alegaban persecución para pertenecer al colectivo LGTBI). El resto fueron reconocidas con la protección subsidiaria. 

Asimismo, el incremento de las solicitudes de protección internacional no representó un aumento proporcional del número de resoluciones resueltas, lo cual agravó considerablemente la acumulación de expedientes pendientes de resolver. A finales de febrero del 2018, el colapso del sistema de asilo afectaba a 42.025 personas. 

El Estado español tiene, al mismo tiempo, uno de los porcentajes de retornos forzados de migrantes en situación irregular más altos de la Unión Europea. En el 2017 fueron detenidas 18.794 personas en situación irregular y se dictaron 4.917 órdenes de expulsión, de las cuales se ejecutaron 4.054: 3.041 desde un CIE (75,01 %) y 1.013 sin medida de internamiento previa.

Política de asilo y de acogida Haz clic para desplegar el contenido

La política de extranjería y el derecho de asilo en España son competencias exclusivas del Estado. La protección internacional está regulada en la Ley 12/2009 Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, que seis años después de su aprobación todavía no dispone de un reglamento que la desarrolle.

El Estado no ha incorporado en los plazos previstos la directiva europea sobre requisitos de asilo, que fija estándares mínimos para el reconocimiento y la atención de las personas necesitadas de protección internacional y las apátridas.

Las personas que solicitan protección internacional en España tienen derecho a entrar en un programa de atención cuando su solicitud es admitida a trámite. Las ayudas, sin embargo, se asignan a menudo con retraso o acaban mucho antes de que finalice el proceso de solicitud, que puede alargarse hasta tres años.

El Estado ha externalizado la gestión de la acogida en ONG que trabajan en asilo, que les proporcionan un sitio donde vivir y manutención durante seis meses, y un máximo de nueve en los casos más vulnerables.

Durante este periodo son alojados en algún punto de la red estatal de acogida, que incluye cuatro centros de acogida repartidos entre Madrid, Sevilla y Valencia, dos centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla, todos dependientes del Ministerio del Interior, y otros dispositivos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y gestionados por las tres entidades gestoras.

Los beneficiarios del programa son enviados donde la red de acogida tiene vacantes, con independencia del lugar en el que hayan presentado la solicitud. No pueden elegir el destino.

En España, las decisiones de asilo las toma el Ministerio del Interior a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), en la que participan representantes de los departamentos con competencias en política exterior, de justicia, de interior, de asilo, de inmigración y de igualdad.

Los solicitantes que no obtienen protección tienen que abandonar el país si no disponen de permiso de residencia o pasan a ser considerados personas migrantes en situación irregular.

Las medidas de emergencia Haz clic para desplegar el contenido

España es uno de los países de la Unión Europea que acoge menos refugiados y solicitantes de asilo, pero ha reaccionado a la crisis humanitaria regateando a la baja el número de personas que la Comisión Europea le propuso reubicar desde Italia y Grecia. El argumento del Gobierno central fue que el país está “saturado” de inmigrantes en situación irregular.

En todo caso, el ejecutivo español comunicó, en setiembre del 2015, su compromiso de trasladar a España a un total de 17.313 personas (en el que se incluye su cuota inicial del plan de reubicación y la cifra aceptada del programa de reasentamiento), pero finalmente ha acabado en 1.910 a través de los dos mecanismos.

En setiembre del 2017, momento en que se acababa el plazo, España solo había recibido a un 14 % de las personas refugiadas que se había comprometido a trasladar desde Grecia e Italia. De hecho, se encuentra entre los estados con una tasa de incumplimiento más elevada de su cuota, solo por delante de varios países del Este y superado, incluso, por Rumania, que, a diferencia del ejecutivo, votó en contra de este sistema. No obstante, este incumplimiento ha sido denunciado y el Supremo ha acabado condenando al Estado español por haber incumplido el compromiso de acogida de refugiados. La sentencia dictamina que, aunque se haya superado el plazo para su ejecución, el Estado está obligado a cumplir este compromiso de acogida.

El Gobierno también se comprometió a contribuir con 6,5 millones de euros en diversos programas humanitarios destinados a ayudar a los países de África y Oriente Próximo limítrofes a los conflictos, especialmente el sirio.

En el marco de los compromisos europeos, en setiembre del 2015 el Gobierno central creó una comisión interministerial para la crisis de refugiados de la que forman parte los ministerios del Interior, de Sanidad y de Empleo. Sin embargo, desgraciadamente, esta Comisión ha sido fuertemente criticada por su ineficacia y sus carencias de coordinación.

Finalmente, también aprobó una subvención de urgencia de 13 millones de euros para las tres entidades gestoras para ejecutar hasta junio del 2016 y destinada, sobre todo, a incrementar el número de plazas de acogida en todo el Estado. En toda Cataluña, hasta entonces, solo había 28. Se han creado otras noventa, pero habría que abrir al menos un millar más para acoger a las personas que se reubiquen.

  • Solicitantes de protección internacional por nacionalidad en España
  • Reconocimiento del asilo por país en España
  • Solicitudes pendientes de resolución en España por nacionalidad
  • Resoluciones favorables y desfavorables en España
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