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En un reciente comunicado de prensa, el Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la práctica del Gobierno español de repatriar a Mauritania ciudadanos de origen subsahariano de terceros países, especialmente malienses. No son las primeras repatriaciones de este tipo, ya que el acuerdo firmado con Mauritania en el 2003 permite desde aquel año la repatriación de personas que supuestamente han llegado a España desde aquel país. Pero según el ACNUR la devolución de malienses es especialmente preocupante a causa del conflicto bélico activo en su país desde el 2012.

Mauritania no es un país seguro

Las repatriaciones de malienses a Mauritania ponen en peligro la integridad de los propios repatriados, por dos razones. Josetxo Ordóñez, abogado de Migrastudium, entidad que forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes, explica: “Por un lado, en Mauritania no les espera una protección internacional que les permita establecerse en aquel país y no tener que volver a su país de origen, a lo que tendrían derecho, según la Convención de Ginebra, de 1951, ya que Malí sigue en guerra. Pero es que, además, la propia Mauritania no respeta los derechos humanos: la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica está restringida, y la tortura y los malos tratos bajo custodia son habituales.”

Presunciones como base de las repatriaciones

Uno de los elementos que convierten aún más en denunciables los hechos de las últimas repatriaciones a Mauritania (tres en menos de un año) es la presunción de que las personas devueltas habían llegado a España a través de Mauritania. “Aunque geográficamente se podría justificar, no se han aportado pruebas de su tránsito por Mauritania y, por tanto, las repatriaciones no deberían haberse producido. Pero como con Malí no existe ningún acuerdo de devolución, las autoridades españolas encuentran estos resquicios para realizar retornos forzosos“, dice Ordóñez.

“El coste y la facilidad son factores clave de las repatriaciones, aunque hablemos del destino de personas”

Principio de “comodidad” para organizar las repatriaciones

El abogado de Migrastudium explica que estos resquicios aparecen en el contexto de unas decisiones policiales (y políticas) que califica de “comodidad administrativa”, esto es, utilizar mecanismos que faciliten las repatriaciones. Aducir un acuerdo con un tercer país, como Mauritania o Marruecos, otro país de tránsito, es uno de estos mecanismos, pero Ordóñez también habla de aprovechar aviones y llenarlos buscando y deteniendo a gente en la calle, por ejemplo. O enterarse de que una furgoneta policial se dirige hacia el sur de España para enviar ahí detenidos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) del norte, para que luego sean más “fácilmente” deportables. “Las expulsiones exprés son las que se producen antes de que se cumplan las 72 horas de la detención, y a veces también son fruto de alguna situación o casualidad logística por parte de las autoridades policiales. El coste y la facilidad son factores clave de las repatriaciones, aunque hablemos del destino de personas “, denuncia Ordóñez.

Devoluciones “en caliente” teniendo en cuenta la última sentencia del TEDH

La sentencia del 13 de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rectificaba la sentencia que condenaba España por la devolución de dos jóvenes expulsados ​​de Melilla en el 2014, parece a priori que legaliza las “devoluciones en caliente”. Pero según entidades como el mencionado Servicio Jesuita a Migrantes o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aunque es una muy mala noticia para las personas demandantes de asilo y las entidades que las atienden, sería un error pensar que esta sentencia legitima el procedimiento de devoluciones sumarias.

Según la CEAR, “no debe entenderse como un apoyo legal general a las expulsiones colectivas, sobre todo si tenemos en cuenta que el TEDH basa su decisión en el hecho de que unas personas podrían haber solicitado el asilo en uno el puesto fronterizo de Melilla, a pesar de que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a este lugar desde que se creó “.

Las ONG y los activistas de los derechos humanos llevan tiempo denunciando las devoluciones sumarias o en caliente que las instituciones españolas llevan a cabo de forma recurrente y sin la asistencia jurídica o social necesaria, lo que las convierte en prácticas ilegales.