Los CIE, espacios de sufrimiento inútil

Los CIE, espacios de sufrimiento inútil

11/06/2018 - 16:17

Redacció

Inmigración. El 62 % de las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) durante el 2017 fueron puestas en libertad ante la imposibilidad de ser expulsadas.

Según los datos que recoge el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre la situación en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), en el año 2017, 8.814 personas fueron internadas en un CIE, un 16 % más que en el año anterior, y después de sufrir una media de 26,63 días internas, un 62 % de estas personas, finalmente, tuvo que ser puesta en libertad, en la mayoría de los casos por la imposibilidad de identificarlas y poder devolverlas a los países de origen. Para los autores del informe, el bajo porcentaje de devoluciones y expulsiones efectivas desde los CIE implica un sufrimiento desproporcionado de las personas internas. Por ello, reivindican el cierre de los CIE y piden una política migratoria que ponga el acento en la acogida.

“Nos tenemos que hacer cargo que las personas que pasan por el CIE se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad y precariedad y, aunque acaben siendo puestas en libertad, acarrearán un sufrimiento que tiene fuertes consecuencias sobre sus posibilidades futuras”. En la presentación del informe en Barcelona, la directora de la Fundación Migra Studium, entidad del SJM, M. Carmen de la Fuente, denuncia el sufrimiento evitable a las personas internas y defiende que las respuestas no pasen por los CIE, sino que se articulen alternativas a la detención para las personas recién llegadas como, por ejemplo, centros de primera acogida dignos. También que se abran vías legales que permitan a las personas entrar regularmente en el territorio y posibilitar una estancia segura que abra puertas a la inclusión.

Argelinas y marroquinas, con más números para ser expulsadas

Josep Buades, coordinador del informe, explica que la lectura de los diversos datos que recoge el informe muestra una dinámica de CIE-Frontera, es decir, que son utilizados como espacios de contención de las migraciones para llevar a cabo rápidas repatriaciones de personas recién desembarcadas de pateras, con menores garantías y, a menudo, sin posibilidad de identificación de personas vulnerables y con necesidades de protección.

En el Estado español, la nacionalidad más habitual en los CIE es la argelina, con un 31 %, seguida de la marroquí, con un 18 %, Costa de Marfil, con un 14 %, y Guinea y Gambia, ambas con un 9 %. En cambio, en el CIE de Barcelona, después de las personas argelinas, las más habituales son de Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil.

Pero no todas tienen la misma suerte. Buades señala que el porcentaje más alto de repatriaciones forzosas se produce entre la población marroquí (86 %), ya que se observa más facilidad a la hora de identificarlos. Mientras que la población subsaharaui es la que menos probabilidades tiene de ser expulsada porque es muy difícil comprobar la nacionalidad declarada. De hecho, hay que destacar que en la segunda mitad del 2017, cuando aumenta considerablemente la entrada de personas marroquíes y argelinas, prácticamente se deja de internar a las personas subsaharauis porque probablemente ya saben que no podrán acabar siendo expulsadas.

Visitas a los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es una red de entidades que trabajan en el acompañamiento a personas migrantes y en la defensa de sus derechos. Entre sus acciones, cuenta con equipos de voluntarios y voluntarias que visitan personas internas en diferentes CIE del Estado español, tanto para acompañarlas como para observar el respeto a sus derechos, y también detectar y prevenir posibles vulneraciones de derechos.

Concretamente, el año 2017 los diferentes equipos del SJM visitaron a 674 personas internas de 42 nacionalidades, e identificaron y acompañaron a personas vulnerables y desprotegidas en 5 CIE: Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Sapadors  (Valencia), La Piñera (Algeciras) e Isla de las Palomas (Tarifa).

La vulnerabilidad de las personas internas

Del trabajo que hacen y de la realidad que se encuentran las personas voluntarias que visitan los CIE, Margarita García O’Meany, coordinadora del grupo de visitas de Migra Studium, denuncia los casos de personas con situación de vulnerabilidad que se encuentran, especialmente la presencia de menores, algunos de los cuales no son identificados como tales. También los problemas de salud física y mental que sufren algunos internos, así como la difícil comprensión de su situación jurídica o las dificultades para acceder a servicios como los de intérprete.

En ese sentido, José Javier Ordóñez, abogado que asesora al grupo de visitas de Migra Studium, ha recordado que los jueces de control y el mismo Defensor del Pueblo han dictado autos o emitido recomendaciones con respecto a la necesidad de garantizar los derechos de las personas internas. Por este motivo, pedirían al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que escuche a los jueces de control para que le puedan explicar cuáles son las carencias que han detectado. También que escuche a los mismos trabajadores de los centros, a las ONG involucradas e, incluso, a las personas internas. Todos ellos le podrían transmitir las problemáticas que hay de primera mano.

Documentos de vecindad para evitar el internamiento

La violación de los derechos y las libertades básicas de las personas en los CIE también ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Barcelona que ha pedido reiteradamente su cierre.

Para evitar el internamiento en los CIE de los vecinos y vecinas en situación irregular, desde el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Barcelona emite un documento de vecindad. Este documento, que tiene una validez de doce meses desde la fecha de emisión y se puede solicitar en cualquiera de las oficinas de atención ciudadana, permite acreditar el arraigo en la ciudad de los vecinos y vecinas que lo soliciten, lo que, desde el punto de vista jurídico, es un elemento determinante para resolver el procedimiento de expulsión con una sanción económica en vez de una sanción de expulsión.

Además, con un informe de estas características es posible denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales en caso de decretarse la expulsión y/o internamiento de una persona arraigada en la ciudad, tanto a través de las instancias estatales como de las europeas y/o organismos internacionales.